Una investigación, realizada por el MINSAL, en conjunto con otras instituciones, revela que una canasta saludable no sería accesible para todos.
Un 27,1% de los chilenos no puede financiar una alimentación saludable, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud (MINSAL), con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Cepal.
El informe, que recaudó datos de la encuesta Casen 2013 y de la actual canasta básica de alimentos (CBA), utilizada para medir la pobreza mediante su costo y acceso, elaboró un indicador paralelo, llamado “canasta alimentaria de calidad” (CAC), que sigue las guías alimentarias hechas por el Minsal y suprime los productos de bajo contenido nutricional.
Dicho paquete, que incluye más verduras y frutas, cuesta $43.872, es decir, un 36,1% más que la canasta básica, cuyo valor alcanza los $32.239.
Cabe señalar que, la canasta de calidad, reduce el consumo de pan, cereales y carnes, aumentando el consumo de productos lácteos, huevos, frutas y verduras
El estudio indica que, sobre la base de la nueva propuesta, “se estima una línea mínima de ingresos de $ 117.576 para poder acceder a la canasta saludable”. Por ende, un 27,1% de la población chilena no podría adquirirla. En ese sentido, el estudio refuerza una de las tesis de los especialistas en nutrición: los estratos socioeconómicos más bajos tienen un acceso restringido a una buena alimentación.
“Si uno lo mira desde el punto de vista de los deciles de la población, los primeros no pueden comprar la canasta alimentaria de calidad y eso es grave porque revela que por mucha educación que hagamos, si no se produce una disminución de costo de los alimentos saludables o favorecerlos con políticas públicas, estamos en una situación de inequidad muy grande en el país”, señala Tito Pizarro, jefe del Departamento de Políticas Públicas del Minsal.
En los estratos más bajos, el 48% de los niños sufre de obesidad, mientras que en el estrato alto, un 36%. “No es extraño que exista este porcentaje de personas que no pueden acceder a alimentos más saludables y que tienen problemas más recurrentes de sobrepeso”, afirma Manuel José Irarrázaval, director Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipssus) de la U. San Sebastián.
Agrega que “hay que observar estos estudios críticamente, ya que son un primer acercamiento con productos específicos, por lo que se debe trabajar en analizar qué es lo que consumen las personas en estos niveles y buscar alternativas a esos productos, pero que estén al alcance de sus bolsillos y no que sean alternativas aún más caras”.
En otra línea, el académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), Fernando Vio, descarta que el tema del acceso sea la única causa al problema de la obesidad. “En el país existe un altísimo consumo de bebidas, de pan, y esto es lo que consumen los niveles socioeconómicos bajos. El kilo de pan vale el doble que uno de frutas, y las bebidas también tienen valores altos, es decir, por la compra de esos productos puede comprar dos kilos de frutas. No es un problema de acceso, es un problema de cambiar hábitos”, enfatiza.
Políticas de salud
El problema de la malnutrición por exceso que existe en el país, a nivel transversal en edades y niveles económicos, ha empujado a la implementación de diversas políticas.
Al respecto, Pizarro señala “estamos haciendo políticas para evitar esto. Tenemos el programa de la Junaeb, que entrega alimentación de calidad a los niños del país y que el próximo año implementará un plan contra la obesidad. También existe el programa de alimentación complementaria para las embarazadas o los adultos mayores”.
Otro ejemplo es la Ley de Etiquetado de Alimentos, que pronto cumplirá seis meses desde su entrada en vigencia, con la que se persigue reducir los niveles de nutrientes críticos en los productos, así como alertar a las personas sobre los riesgos de su consumo excesivo, con sellos negros en los envases. “Esta ley busca que la gente elija lo más salubable, opte por lo que es sano y también más barato”, afirma Pizarro.
